A NOVA DEMOCRACIA BRASIL: Editorial semanal – Choque del orden terrorista

Después de la masacre de Salgueiro, un caveirão con la sangre del pueblo chorreando en la carrocería llega al Hospital Estatal Alberto Torres (Calor). Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia La semana pasada, operativos policiales simultáneos aterrorizaron a más de 200.000 trabajadores que vivían en algunas favelas de Río de Janeiro, dejando un reguero de sangre y violaciones. En Complexo do Salgueiro, en São Gonçalo, 11 personas fueron ejecutadas y dos ancianas resultaron heridas durante la operación. En Maré, 21 escuelas fueron cerradas por el escenario bélico impuesto, cercenando el derecho a la educación de más de 7.000 niños. Este es el modelo de “seguridad pública” aplicado, la llamada “guerra contra las drogas” (que nunca llega a los grandes proveedores…), cuyos dos pilares fundamentales son: primero, un aumento sin precedentes de las expediciones punitivas en las regiones pobres del grandes ciudades; segundo, el encarcelamiento masivo de jóvenes pobres. Los últimos años han demostrado que es un completo fracaso en su objetivo anunciado de frenar el crimen en espiral. Fracasó en todo el país, especialmente en Río de Janeiro. Los datos lo demuestran. Alrededor del 67% (dos tercios) de todos los hechos violentos en Río de Janeiro son causados ​​por la policía. La información es del informe de la Red de Observatorios de Seguridad Pública dado a conocer en 2022. Entre 2006 y 2021, la policía realizó 482 masacres -llamadas “operaciones de alta letalidad”- en las que se cobraron la vida de 2.000 personas, según encuesta por el Grupo de Estudio sobre Nuevos Ilegalismos. Esto, sin contar los otros muchos miles de personas muertas en operaciones de “letalidad media” y “letalidad baja”. En cuanto al encarcelamiento masivo, las cifras no son menores: de 2000 a 2014, la población carcelaria creció casi un 200%. De 2010 a 2019, el crecimiento de la población carcelaria fue de casi un 100%, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno anterior. Hoy, el número de presos supera los 900.000, de los cuales más del 40% siguen sin juicio. Si el objetivo de tal política genocida es frenar el crecimiento de la delincuencia, basta observar lo que está pasando ahora en Rio Grande do Norte para dar fe de su fracaso. Lo cierto es que la criminalidad crece tanto más cuanto más profunda es la aplicación de esta medida. El objetivo de esta política de “guerra contra las drogas” no es la lucha contra el “crimen organizado”, para lo cual han sido mucho más eficientes las incautaciones fuera de las favelas, que, por lo general, cuentan con la participación activa de policías y personas adineradas en los delitos. Tal política es, de hecho, una siniestra estrategia contrainsurgente, presente en los manuales yanquis de “guerra de baja intensidad”. La pregunta es esta: ¿cómo es posible dar supervivencia a un régimen de explotación y opresión, cuya sociedad está fracturada por una crisis general endémica, que arroja periódicamente a millones de pobres al desempleo permanente? ¿Que había, en 2022, 33 millones de brasileños y brasileñas pasando hambre? ¿Cómo es posible que una sociedad así no haya estallado todavía en una agitación general? Para los reaccionarios, en tal contexto, sólo es posible mantener a raya a los pobres con un violento golpe de orden; con una masiva movilización militar con el objetivo de disuadir la furia de las masas; que les haga recordar, todos los días, que los fusiles y vehículos blindados frente a sus casas, hoy para “combatir el crimen”, pueden y son utilizados en su contra cuando se rebelan. Que se resignen, pues, a obedecer y agradecer la “democracia” de bayonetas que les otorga la reacción. Vale recordar: tal política la lleva a cabo la policía militar, quienes responden -además del gobernador- a la Inspección General de la Policía Militar, órgano del Alto Mando del Ejército que dicta tal política, independientemente de quién sea. Yo seleccioné. Del gobierno electo bajo el pretexto de salvar la democracia, no hay indignación y ni siquiera una medida efectiva para detener la horrenda masacre contra los pobres. Cuando ocurrió la masacre en RO, a principios de año, en la que los terratenientes y la Policía Militar ejecutaron bajo tortura a dos campesinos de la LCP, no había ni una nota; ahora, por lo que pasó en RJ, tampoco. De hecho, no sorprende: tal política fue una constante en los gobiernos anteriores del PT; es un gobierno que defiende la “democracia”, sí, la democracia de las masacres. Tan seguro como el genocidio que genera esta política, es el odio acumulado y reprimido que produce. En Brasil ya no se puede contener a las masas como hace 20 años, con enfrentamientos terroristas y media docena de aparentes "conquistas", es decir, migajas de las fiestas de la gran burguesía y los terratenientes, sirvientes del imperialismo, principalmente yanqui. Las masas ya no creen en la democracia -el 41% de la población cree que la democracia funciona mal o muy mal, los pobres son la inmensa mayoría- y ya no aceptan el hambre ni el genocidio. Más temprano que tarde, ese polvorín explotará. Para eso, todo lo que se necesita es una chispa. Posted by Verein der Neuen Demokratie at 3:14 PM